Las asociaciones piden un organismo que regule la identificación de cuerpos
ELSA CABRIA - Sevilla - 31/10/2010
La familia denuncia ante el juzgado la desaparición. La Junta subvenciona la apertura de la fosa. La Guardia Civil redacta el atestado. Y hasta ahí la parte institucional. Las asociaciones creen que la Administración se queda corta en las identificaciones. Según Juan Luis Castro, del Foro por la Memoria, "hace falta un órgano oficial multidisciplinar, con arqueólogos, historiadores y abogados".
Castro lanzó ayer la reivindicación en nombre de la veintena de familiares de represaliados que se concentraron en la plaza de la Gavidia de Sevilla. "Una institución tipo CSIC", propuso en referencia al Centro Superior de Investigaciones Científicas. Y es que las asociaciones buscan por su cuenta a los técnicos que se necesitan para abrir una fosa común. Y Castro sabe lo que dice. Es arqueólogo y ha participado en más de la mitad de las aperturas que se han realizado en Andalucía desde que se aprobó la Ley de Memoria Histórica. Con su pañuelo de la bandera republicana al cuello, ayer era uno de los asistentes más jóvenes de la concentración sevillana. En su mayoría, hijos septuagenarios o nietos de fusilados, desaparecidos o fallecidos en el exilio.
Francisca Maqueda, activa portavoz de Memoria Histórica y Justicia y organizadora del encuentro, defendió la iniciativa. "No queremos abrir todas las fosas, solo las que se pueda". Pero, en su opinión, la Junta tiene que asumir la identificación de cuerpos como una política de memoria pública, "dejando de delegar en las asociaciones".
Maqueda vio ayer claro por dónde empezar: el comisariado de memoria histórica. En funcionamiento desde 2008, el órgano dirigido por Juan Gallo "podría ser el germen" para que la Administración amplíe competencias. Y puso un ejemplo. Su asociación ha recibido 54.000 euros para abrir una fosa en Cazalla de la Sierra (Sevilla), en la que se presupone que está la antigua corporación municipal de Alanís de la Sierra. Con ese dinero han contratado a un equipo de cinco arqueólogos. "A razón de 10.000 euros por mes, cuando se acabe el dinero, quedará pendiente la identificación".
Su queja la suscribió también Isabel Canto, de la asociación de memoria de Chiclana de la Frontera (Cádiz). "La mayoría de la gente recupera los restos y se los lleva a casa". En el antiguo cementerio de su pueblo contó que están localizados 33 fusilados. Por cuestiones de azar, al excavar para instalar un mausoleo, el Ayuntamiento encontró recientemente restos humanos y ahora se iniciará el procedimiento para comprobar si los cuerpos los tiraron allí. Para eso, insiste, "hace falta un protocolo". El proyecto, redundó Maqueda, debería ir acompañado de un banco de ADN público en Internet que, desarrollado por la Universidad, facilite la identificación de represaliados.
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/CSIC/fosas/elpepuespand/20101031elpand_8/Tes
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