El Gobierno foral deja a Navarra en un limbo legal al rechazar el convenio estatal

El acuerdo con el ministerio de justicia que han sucrito otras comunidades prevé hacer el mapa de fosas

Garzón remitió al TSJN la relación de los 3.280 fusilados o desaparecidos por el franquismo

l.C. - Miércoles, 12 de Mayo de 2010

Pamplona. Navarra se encuentra en un "un limbo" legal ante la exhumación de cuerpos de personas fusiladas durante la Guerra Civil, según las asociaciones de familiares de desaparecidos. El origen de esta situación tiene al Gobierno de Navarra como máximo responsable ya que se ha negado, al igual que las autonomías dirigidas por el PP, a suscribir el convenio propuesto por el Ministerio de Justicia para realizar el mapa de fosas y establecer un protocolo sobre cómo acometer las exhumaciones.

Aunque se desconoce el alcance real de la moción ayer aprobada en el Congreso, fuentes de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra valoraron que, "si realmente se trata de que el Gobierno del Estado garantice la responsabilidad pública e institucional en las laborales de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo, se habrá dado un gran salto. Interpretamos que se traslada la responsabilidad de las exhumaciones del ámbito privado actual (está en manos de las asociaciones de familiares) al ámbito público".

Con independencia del impulso que ayer se quiso dar a la ley de Memoria Histórica, el convenio de Navarra con el Ministerio de Justicia aclararía cuestiones tan importantes cómo dónde depositar los cuerpos aparecidos en exhumaciones de personas cuyas familias no han reclamado su búsqueda pero que aparezcan con los reclamados.

El segundo responsable de este "limbo legal" es el propio juzgado de instrucción encargado de estas exhumaciones. En Navarra, tal y como denuncian las asociaciones de familiares de fusilados y desaparecidos, el juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona debería establecer un protocolo que disponga la forma de proceder en la recuperación de los restos que todavía están en fosas comunes.

El juez Baltasar Garzón remitió a los juzgados de Pamplona el 31 de marzo de 2009 toda la documentación que había recibido en relación con las personas fusiladas durante la guerra civil. El juzgado dispone del listado de 3.280 personas que fueron asesinadas por el franquismo. De éstas, se estima que unas mil (incluidas las relacionadas con el Fuerte de San Cristóbal) podrían permanecer en fosas comunes salpicadas por la geografía foral.

La cifra de mil desaparecidos que barajan las asociaciones de familiares es aproximada ya que en los años ochenta se procedió a exhumar restos humanos pero ni se realizó un registro exhaustivo ni, en muchos casos, se les pudo identificar. Entre los mil estimados, 125 se localizan en el cementerio del Fuerte de San Cristóbal, otros 207 pertenecen a los fusilados tras la fuga del fuerte y que fueron enterrados en fosas dispersas en el monte Ezkaba o zonas adyacentes, más de 200 son los denominados presos gubernativos del mismo fuerte y 203 de presos enterrados en los cementerios de la antigua Cendea de Ansoáin.

Sólo la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra ha recibido peticiones para exhumar restos humanos de la Guerra Civil en diversos puntos que contabilizan al menos cuarenta fosas desperdigadas por Navarra. Precisamente la elaboración del mapa de fosas de Navarra es la principal actuación que debería abordar el Gobierno foral si finalmente firma el convenio propuesto a las comunidades por el Ministerio de Justicia.

http://www.noticiasdenavarra.com/2010/05/12/sociedad/navarra/el-gobierno-foral-deja-a-navarra-en-un-limbo-legal-al-rechazar-el-convenio-estatal