Mercedes Pérez Schwartz
Presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife
Presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife
"Empezaremos realmente a saber la verdad cuando abramos las fosas"
Mercedes, en la entrada del Archivo Provincial, donde trabaja. manuel lérida
NAIMA PÉREZ
LA LAGUNA
Nieta del último alcalde republicano de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Schwartz, desaparecido el mismo 18 de julio de 1936, esta bibliotecaria del Archivo Histórico Provincial asegura que la asociación que preside no va a rendirse nunca en la lucha por restaurar el nombre de miles de canarios desaparecidos y fusilados tras el alzamiento golpista de 1936.
-¿Qué recuerdos le trasladó su familia sobre el tipo de persona que era su abuelo materno?
-Era una persona seria. Miembro de Izquierda Republicana (el partido de Manuel Azaña), fue abogado, de los primeros divorcistas de la Segunda República. Participó en el juicio de Hermigua, como abogado defensor de los obreros (trabajadores que construían la carretera entre Hermigua y Vallehermoso y a los que los caciques de la zona querían impedir cualquier tipo de organización obrera o militancia sindical).
-¿Le nació de joven ese sentimiento político?
-Él estaba muy próximo a los trabajadores y a la lucha contra las situaciones de desigualdad. Era amigo de Luis Rodríguez Figueroa, el que fue diputado a Cortes de Izquierda Republicana. Mi abuelo fue en varias ocasiones gobernador civil y en las elecciones de abril de 1936 fue elegido alcalde de Santa Cruz. Tras el alzamiento, lo detuvieron y, tras un tiempo en la cárcel de Fyffes, desapareció.
-¿El hecho de que su abuelo sea uno de los desaparecidos del Franquismo fue lo que la animó a fundar hace casi tres años la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife?
-Bueno, por una parte sí, pero también porque he estado implicada desde el principio en este asunto. Siempre me ha parecido indignante que estas familias no hubieran podido enterrar a sus muertos. Además, queremos valorar el papel que estas personas jugaron defendiendo el gobierno legítimamente constituido en la República. No sólo estoy deseando encontrar los restos de mi abuelo, sino también los de las demás personas que murieron como él. Tienen derecho a un entierro digno y a su reconocimiento, después de años en que se los demonizó.
-¿En qué punto se encuentra la Asociación en este tiempo de trabajo?
-Pues ahora estoy muy preocupada porque se han creado unas expectativas que hay que cumplir, pero es evidente que estamos luchando contra personas que no quieren que se cumpla la Ley de Memoria Histórica. Nosotros vamos a seguir adelante e iremos donde haya que ir. La fuerza que tenemos es la perseverancia y el convencimiento del derecho que tienen todos los desaparecidos, fusilados y encarcelados durante el Franquismo y la Guerra Civil. Tenemos la obligación de restaurar su nombre. Y cuando me dicen que son solo huesos, siempre digo que si esas personas le ponen flores a sus huesos, yo quiero ponérselas a los míos.
-Usted estaba convencida de que los restos de su abuelo y de otras víctimas del Franquismo estaban en el entorno de Las Cañadas del Teide, pero esa búsqueda no dio resultado. ¿Cómo fue este proceso?
-En realidad, la búsqueda se realizó en el Bucio de Maja, una cueva situada en un punto muy concreto del Parque Nacional, donde se creía que se había enterrado a varios líderes políticos y sindicales. De todas formas, de mi abuelo siempre se dijo que podía estar en el Valle de Ucanca, al igual que Antonio Camejo, alcalde de Buenavista, y Luis Rodríguez Figueroa. La petición que realizamos al Gobierno central, por la que nos concedió una subvención de 56.000 euros, fue precisamente para hacer el estudio, con los permisos correspondientes, de dónde pueden haber posibles fosas, un trabajo encargado a un equipo de arqueólogos. El Ayuntamiento de La Orotava se ha volcado en este asunto, gracias al contacto realizado por el secretario de la Asociación, Agapito de la Cruz, que fue concejal de esta corporación local. El de La Orotava es de los pocos ayuntamientos que ha cumplido en su integridad con la Ley de Memoria Histórica.
-¿Y qué datos se han obtenido de esa investigación?
-Pues básicamente son datos orales, porque evidentemente nadie dejó por escrito que había matado y enterrado a alguien en un lugar concreto. Hay historiadores, como García Luis, que tienen información al respecto. También tiene datos Antonio Cubillo. Porque claro, esas cosas se van contando y el problema con que nos hemos tropezado es que se nos están muriendo los posible informantes, porque son muy viejitos. Realmente, ese trabajo que hemos hecho le correspondería al Gobierno de Canarias a través de un convenio con el Ministerio del Interior. En su momento, éste solicitó de las comunidades autónomas la firma de un convenio para hacer un censo de fosas y las únicas que lo firmaron fueron Galicia, Madrid, Canarias y Baleares.
-¿Y cuál es el obstáculo para que se desarrolle ese convenio firmado?
-Pues el Partido Popular, que está en contra, y está en pacto en el Gobierno canario. Ya hay un incumplimiento de la ley, porque ésta dice que hay que dar todas las facilidades desde las comunidades autónomas, ayuntamiento o cualquier estamento público para poder desarrollar su contenido: apertura de fosas, un enterramiento digno y la recuperación de nombres. Empezaremos realmente a saber la verdad cuando se empiecen a abrir fosas. Hay muchas; no están sólo las del Valle de Ucanca, el Bucio de Maja o el cementerio de La Laguna; aquí hay más zonas, como en el municipio de Los Silos, donde se encontró hace poco un cadáver del que no sabemos gran cosa y sobre el que hay que hacer estudios... Hay muchos sitios donde se ha ejecutado y enterrado gente.
-La Asociación en su momento facilitó datos de unos 200 casos al juez Garzón, quien llevaba entonces esta causa...
-Sí, pero esos datos eran fundamentalmente de Gran Canaria, en concreto de Arucas. En cualquier caso, nosotros estamos trabajando coordinadamente con ellos. Estos son los datos oficiales facilitados hasta ahora.
-¿En qué sentido se ha visto resentida la lucha por la recuperación de la memoria histórica después de que se apartara de ella al juez Garzón?
-Pues se ha resentido mucho. Al principio nos produjo mucha alegría que hubiera un juez interesado en este asunto y, aunque Garzón pueda tener sus detractores, lo que es evidente es que es un hombre serio y que lo que quería es que se cumpliera la ley. El problema de las administraciones es que las leyes son de obligado cumplimiento y si éstas no lo hacen, ¿con qué moral se puede obligar a los ciudadanos?
-La marcha del juez al Tribunal Penal Internacional, ¿los ha dejado huérfanos?
-El problema no es que esté ahora en La Haya, sino que lo apartaron absolutamente de la causa. Ese primer paso que dio el juez Garzón abrió muchas puertas. En cualquier caso, nosotros en Canarias tenemos un grave problema con el Gobierno, porque parece que quien manda es el Partido Popular.
-Pero su Asociación y su homóloga de Gran Canaria recibieron en su momento el apoyo del Parlamento canario...
-Efectivamente; fue una iniciativa parlamentaria que se aprobó. Incluso nos reunimos con el presidente del Gobierno y nos confirmó que el consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, iba a hacerse cargo. De esto hace dos años. Nos hemos cansado de llamarlo y no ha habido manera.
-¿Hace dos años?
-Sí, incluso yo me lo encontré en una ocasión y me dijo que sí, que iban a firmar el convenio. Sin embargo, en una comisión parlamentaria reciente comentó que no conocía realmente el contenido del posible convenio, por lo que seguimos teniendo abierto ese frente. Las instituciones que mejor se han comportado, que en realidad lo único que han hecho es cumplir la Ley, son los ayuntamiento de La Orotava y La Laguna. En éste último, esperamos abrir la fosa del cementerio de San Juan a principios de septiembre.
-Curioso, porque son dos ayuntamientos gobernados por Coalición Canaria, que también está en el Gobierno regional...
-Efectivamente. Bueno, el Ayuntamiento de Buenavista (PSC) también ha estado muy interesado, pero es llamativo que estos municipios de CC se vuelquen en cumplir la ley y el Gobierno de Canarias, cuyo presidente es de CC, no lo haga porque está el PP por medio, que siempre ha sido enemigo de la Ley de Memoria Histórica. Y el Ayuntamiento de Santa Cruz lo único que ha hecho es cambiarle el nombre a cinco calles.
-¿Y cuántas quedarían con nombres franquistas?
-Unas cien, aproximadamente. Lo que hizo el alcalde de Santa Cruz, a través de un decreto, fue cambiar los nombres de la Rambla General Franco por la Rambla de Santa Cruz; la avenida General Mola por Islas Canarias y otras tres calles de generales franquistas en el barrio de Salamanca, a las que puso Del Amor, Del Perdón y Del Olvido. Pero bueno, le dije al alcalde, ¿me está tomando el pelo? ¿Y por qué no se han puesto nombres de artistas, literatos, historiadores... de Canarias? Ante esa situación, nosotros presentamos en octubre de 2008 ante el Ayuntamiento de Santa Cruz un derecho fundamental de petición con respecto a la Ley de la Memoria Histórica. Se le dio al Ayuntamiento un plazo de tres meses para que nos contestara y como no lo hizo fuimos a los tribunales, que admitieron nuestro recurso a trámite.
-¿Qué pedían exactamente?
-Cambiarle el nombre a las calles franquistas y la retirada de toda la simbología de la época y, por supuesto, quitar el monumento a Franco. En ese sentido, apoyamos la iniciativa de Sí se Puede en esta línea para que la escultura se instale en el cuartel de Almeida.
-¿ Por qué existe esa reticencia por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz a cumplir con la ley?
-Pues no lo sé. Bueno, yo puedo sospechar que a lo mejor habrá personas que no les interese que se toque el pasado, porque pueden tener familiares directamente involucrados. Pero involucrados o no, tienen que cumplir la ley. Llevamos ya dos años con este asunto, está a punto de salir el juicio y el Ayuntamiento va a tener que hacerlo obligatoriamente.
-Quizá esté esperando a que lo obligue la justicia...
-¿Pero qué necesidad hay de que lo obligue judicialmente si hay una ley que hay que cumplir? Imaginemos que mañana hay una subida de impuestos y los ciudadanos decimos que no, que no cumplimos, ¿qué pasa? En los sitios donde está el PP de por medio es donde estamos teniendo más problemas.
-En junio de 2009 se encontraron restos humanos en el templo masónico de Santa Cruz. Usted cree que pueden ser de la represión franquista...
-Fui a ver el templo en cuanto se supo que se había encontrado una pierna. Estoy segura de que allí tenía que haber más restos; lo que pasa es que a veces esas cosas se esconden. Yo creo que en aquel momento llegó el aparejador del Ayuntamiento, lo vio e inmediatamente mandó a parar; se lo comunicó al juez, se llevaron los huesos al Instituto Anatómico Forense y todavía estamos esperando que nos digan el resultado.
-Ha pasado más de un año...
-Sí. Allí había torturas y eso está demostrado. Yo entré en la sala de meditación y aquello es una cueva. Cuando el 18 de julio de 1936 estalló la Guerra Civil, allí estaba la Masonería e inmediatamente entró la Falange. Cuando el año pasado se descubrió la pierna entré en el templo con una persona cuyo abuelo había estado preso en Fyffes y lo habían llevado allí para torturarlo. Él contaba que cuando hizo el servicio militar en el templo había grilletes en el techo; los masones dicen que no, pero esta persona asegura lo contrario e hizo en este lugar la mili.
Era un sitio perfecto para las torturas, porque allí no los oía nadie, es una cueva. Puede haber más restos humanos. Se les podía ir la mano perfectamente con las torturas que hacían. Ha aparecido una pierna, aunque los masones dicen que puede ser de uno de sus rituales. No me vengan a contar esa historia, por el amor de Dios, porque además queda fatal; qué pasa, ¿que los masones mataban a personas?
-¿Sienten apoyo de la ciudadanía en la búsqueda de fosas?
-Al juez Garzón y sus iniciativas al respecto lo han apoyado muchas personas en este país. Sí sentimos apoyo, pero también hay miedo, y mucho, sobre todo en los pueblos. Es un miedo que se va transmitiendo de generación en generación. Todavía existe ese miedo a hablar. Sabemos de estudiantes de la Universidad han ido a preguntar a distintas zonas de Icod de los Vinos y la gente se calla. La mayoría no cuenta nada.
-¿Después de tantos años y estando en democracia?
-Sí, todavía existe miedo. Hay quienes han llegado a decirle a compañeros nuestros que "si mi madre habla, le quitan la paga". Ese es el miedo y sigue habiéndolo. Y como no se ha involucrado la Administración como tenía que haberlo hecho, pues pasa esto. La Ley de Memoria Histórica, en cualquier caso, es sólo un primer paso, pero es en sí insuficiente; hay que seguir desarrollándola. Y leer en los periódicos estos días, por parte de todos los grupos municipales, que el Ayuntamiento de Santa Cruz tiene cosas más prioritarias que quitar las placas de las calles, hacen que me eche manos a la cabeza. No porque lo diga Alfonso Soriano, que al fin y al cabo es del PP, sino porque lo diga el portavoz del PSC, y yo soy militante de ese partido. Eso no se puede hacer. No entiendo que el portavoz socialista diga que el monumento no le recuerda a Franco. Pues será a él, que vivía en La Laguna, pero a los que vivíamos en Santa Cruz, sí nos lo recuerda. Y al final no deja de ser un monumento hecho a una persona que propició una Guerra Civil, asesinó a tanta gente y fue un dictador. O sea, que esa estatua no puede estar ahí; claro que hay que quitarla y claro que hay que cambiar el nombre de las calles. Y no me hablen de crisis, eso no me sirve. No es costoso cumplir con la ley. Luego están aquellos que dicen que el monumento tiene carácter artístico; pues bien, que lo lleven a un museo militar. Yo habría acabado con todos los símbolos. En Canarias no hubo Guerra Civil; fue un genocidio puro y duro.
http://www.laopinion.es/sociedad/2010/08/30/todavia-hoy-hay-gente-cree-habla-le-quitar-paga/301547.html
LA LAGUNA
Nieta del último alcalde republicano de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Schwartz, desaparecido el mismo 18 de julio de 1936, esta bibliotecaria del Archivo Histórico Provincial asegura que la asociación que preside no va a rendirse nunca en la lucha por restaurar el nombre de miles de canarios desaparecidos y fusilados tras el alzamiento golpista de 1936.
-¿Qué recuerdos le trasladó su familia sobre el tipo de persona que era su abuelo materno?
-Era una persona seria. Miembro de Izquierda Republicana (el partido de Manuel Azaña), fue abogado, de los primeros divorcistas de la Segunda República. Participó en el juicio de Hermigua, como abogado defensor de los obreros (trabajadores que construían la carretera entre Hermigua y Vallehermoso y a los que los caciques de la zona querían impedir cualquier tipo de organización obrera o militancia sindical).
-¿Le nació de joven ese sentimiento político?
-Él estaba muy próximo a los trabajadores y a la lucha contra las situaciones de desigualdad. Era amigo de Luis Rodríguez Figueroa, el que fue diputado a Cortes de Izquierda Republicana. Mi abuelo fue en varias ocasiones gobernador civil y en las elecciones de abril de 1936 fue elegido alcalde de Santa Cruz. Tras el alzamiento, lo detuvieron y, tras un tiempo en la cárcel de Fyffes, desapareció.
-¿El hecho de que su abuelo sea uno de los desaparecidos del Franquismo fue lo que la animó a fundar hace casi tres años la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife?
-Bueno, por una parte sí, pero también porque he estado implicada desde el principio en este asunto. Siempre me ha parecido indignante que estas familias no hubieran podido enterrar a sus muertos. Además, queremos valorar el papel que estas personas jugaron defendiendo el gobierno legítimamente constituido en la República. No sólo estoy deseando encontrar los restos de mi abuelo, sino también los de las demás personas que murieron como él. Tienen derecho a un entierro digno y a su reconocimiento, después de años en que se los demonizó.
-¿En qué punto se encuentra la Asociación en este tiempo de trabajo?
-Pues ahora estoy muy preocupada porque se han creado unas expectativas que hay que cumplir, pero es evidente que estamos luchando contra personas que no quieren que se cumpla la Ley de Memoria Histórica. Nosotros vamos a seguir adelante e iremos donde haya que ir. La fuerza que tenemos es la perseverancia y el convencimiento del derecho que tienen todos los desaparecidos, fusilados y encarcelados durante el Franquismo y la Guerra Civil. Tenemos la obligación de restaurar su nombre. Y cuando me dicen que son solo huesos, siempre digo que si esas personas le ponen flores a sus huesos, yo quiero ponérselas a los míos.
-Usted estaba convencida de que los restos de su abuelo y de otras víctimas del Franquismo estaban en el entorno de Las Cañadas del Teide, pero esa búsqueda no dio resultado. ¿Cómo fue este proceso?
-En realidad, la búsqueda se realizó en el Bucio de Maja, una cueva situada en un punto muy concreto del Parque Nacional, donde se creía que se había enterrado a varios líderes políticos y sindicales. De todas formas, de mi abuelo siempre se dijo que podía estar en el Valle de Ucanca, al igual que Antonio Camejo, alcalde de Buenavista, y Luis Rodríguez Figueroa. La petición que realizamos al Gobierno central, por la que nos concedió una subvención de 56.000 euros, fue precisamente para hacer el estudio, con los permisos correspondientes, de dónde pueden haber posibles fosas, un trabajo encargado a un equipo de arqueólogos. El Ayuntamiento de La Orotava se ha volcado en este asunto, gracias al contacto realizado por el secretario de la Asociación, Agapito de la Cruz, que fue concejal de esta corporación local. El de La Orotava es de los pocos ayuntamientos que ha cumplido en su integridad con la Ley de Memoria Histórica.
-¿Y qué datos se han obtenido de esa investigación?
-Pues básicamente son datos orales, porque evidentemente nadie dejó por escrito que había matado y enterrado a alguien en un lugar concreto. Hay historiadores, como García Luis, que tienen información al respecto. También tiene datos Antonio Cubillo. Porque claro, esas cosas se van contando y el problema con que nos hemos tropezado es que se nos están muriendo los posible informantes, porque son muy viejitos. Realmente, ese trabajo que hemos hecho le correspondería al Gobierno de Canarias a través de un convenio con el Ministerio del Interior. En su momento, éste solicitó de las comunidades autónomas la firma de un convenio para hacer un censo de fosas y las únicas que lo firmaron fueron Galicia, Madrid, Canarias y Baleares.
-¿Y cuál es el obstáculo para que se desarrolle ese convenio firmado?
-Pues el Partido Popular, que está en contra, y está en pacto en el Gobierno canario. Ya hay un incumplimiento de la ley, porque ésta dice que hay que dar todas las facilidades desde las comunidades autónomas, ayuntamiento o cualquier estamento público para poder desarrollar su contenido: apertura de fosas, un enterramiento digno y la recuperación de nombres. Empezaremos realmente a saber la verdad cuando se empiecen a abrir fosas. Hay muchas; no están sólo las del Valle de Ucanca, el Bucio de Maja o el cementerio de La Laguna; aquí hay más zonas, como en el municipio de Los Silos, donde se encontró hace poco un cadáver del que no sabemos gran cosa y sobre el que hay que hacer estudios... Hay muchos sitios donde se ha ejecutado y enterrado gente.
-La Asociación en su momento facilitó datos de unos 200 casos al juez Garzón, quien llevaba entonces esta causa...
-Sí, pero esos datos eran fundamentalmente de Gran Canaria, en concreto de Arucas. En cualquier caso, nosotros estamos trabajando coordinadamente con ellos. Estos son los datos oficiales facilitados hasta ahora.
-¿En qué sentido se ha visto resentida la lucha por la recuperación de la memoria histórica después de que se apartara de ella al juez Garzón?
-Pues se ha resentido mucho. Al principio nos produjo mucha alegría que hubiera un juez interesado en este asunto y, aunque Garzón pueda tener sus detractores, lo que es evidente es que es un hombre serio y que lo que quería es que se cumpliera la ley. El problema de las administraciones es que las leyes son de obligado cumplimiento y si éstas no lo hacen, ¿con qué moral se puede obligar a los ciudadanos?
-La marcha del juez al Tribunal Penal Internacional, ¿los ha dejado huérfanos?
-El problema no es que esté ahora en La Haya, sino que lo apartaron absolutamente de la causa. Ese primer paso que dio el juez Garzón abrió muchas puertas. En cualquier caso, nosotros en Canarias tenemos un grave problema con el Gobierno, porque parece que quien manda es el Partido Popular.
-Pero su Asociación y su homóloga de Gran Canaria recibieron en su momento el apoyo del Parlamento canario...
-Efectivamente; fue una iniciativa parlamentaria que se aprobó. Incluso nos reunimos con el presidente del Gobierno y nos confirmó que el consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, iba a hacerse cargo. De esto hace dos años. Nos hemos cansado de llamarlo y no ha habido manera.
-¿Hace dos años?
-Sí, incluso yo me lo encontré en una ocasión y me dijo que sí, que iban a firmar el convenio. Sin embargo, en una comisión parlamentaria reciente comentó que no conocía realmente el contenido del posible convenio, por lo que seguimos teniendo abierto ese frente. Las instituciones que mejor se han comportado, que en realidad lo único que han hecho es cumplir la Ley, son los ayuntamiento de La Orotava y La Laguna. En éste último, esperamos abrir la fosa del cementerio de San Juan a principios de septiembre.
-Curioso, porque son dos ayuntamientos gobernados por Coalición Canaria, que también está en el Gobierno regional...
-Efectivamente. Bueno, el Ayuntamiento de Buenavista (PSC) también ha estado muy interesado, pero es llamativo que estos municipios de CC se vuelquen en cumplir la ley y el Gobierno de Canarias, cuyo presidente es de CC, no lo haga porque está el PP por medio, que siempre ha sido enemigo de la Ley de Memoria Histórica. Y el Ayuntamiento de Santa Cruz lo único que ha hecho es cambiarle el nombre a cinco calles.
-¿Y cuántas quedarían con nombres franquistas?
-Unas cien, aproximadamente. Lo que hizo el alcalde de Santa Cruz, a través de un decreto, fue cambiar los nombres de la Rambla General Franco por la Rambla de Santa Cruz; la avenida General Mola por Islas Canarias y otras tres calles de generales franquistas en el barrio de Salamanca, a las que puso Del Amor, Del Perdón y Del Olvido. Pero bueno, le dije al alcalde, ¿me está tomando el pelo? ¿Y por qué no se han puesto nombres de artistas, literatos, historiadores... de Canarias? Ante esa situación, nosotros presentamos en octubre de 2008 ante el Ayuntamiento de Santa Cruz un derecho fundamental de petición con respecto a la Ley de la Memoria Histórica. Se le dio al Ayuntamiento un plazo de tres meses para que nos contestara y como no lo hizo fuimos a los tribunales, que admitieron nuestro recurso a trámite.
-¿Qué pedían exactamente?
-Cambiarle el nombre a las calles franquistas y la retirada de toda la simbología de la época y, por supuesto, quitar el monumento a Franco. En ese sentido, apoyamos la iniciativa de Sí se Puede en esta línea para que la escultura se instale en el cuartel de Almeida.
-¿ Por qué existe esa reticencia por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz a cumplir con la ley?
-Pues no lo sé. Bueno, yo puedo sospechar que a lo mejor habrá personas que no les interese que se toque el pasado, porque pueden tener familiares directamente involucrados. Pero involucrados o no, tienen que cumplir la ley. Llevamos ya dos años con este asunto, está a punto de salir el juicio y el Ayuntamiento va a tener que hacerlo obligatoriamente.
-Quizá esté esperando a que lo obligue la justicia...
-¿Pero qué necesidad hay de que lo obligue judicialmente si hay una ley que hay que cumplir? Imaginemos que mañana hay una subida de impuestos y los ciudadanos decimos que no, que no cumplimos, ¿qué pasa? En los sitios donde está el PP de por medio es donde estamos teniendo más problemas.
-En junio de 2009 se encontraron restos humanos en el templo masónico de Santa Cruz. Usted cree que pueden ser de la represión franquista...
-Fui a ver el templo en cuanto se supo que se había encontrado una pierna. Estoy segura de que allí tenía que haber más restos; lo que pasa es que a veces esas cosas se esconden. Yo creo que en aquel momento llegó el aparejador del Ayuntamiento, lo vio e inmediatamente mandó a parar; se lo comunicó al juez, se llevaron los huesos al Instituto Anatómico Forense y todavía estamos esperando que nos digan el resultado.
-Ha pasado más de un año...
-Sí. Allí había torturas y eso está demostrado. Yo entré en la sala de meditación y aquello es una cueva. Cuando el 18 de julio de 1936 estalló la Guerra Civil, allí estaba la Masonería e inmediatamente entró la Falange. Cuando el año pasado se descubrió la pierna entré en el templo con una persona cuyo abuelo había estado preso en Fyffes y lo habían llevado allí para torturarlo. Él contaba que cuando hizo el servicio militar en el templo había grilletes en el techo; los masones dicen que no, pero esta persona asegura lo contrario e hizo en este lugar la mili.
Era un sitio perfecto para las torturas, porque allí no los oía nadie, es una cueva. Puede haber más restos humanos. Se les podía ir la mano perfectamente con las torturas que hacían. Ha aparecido una pierna, aunque los masones dicen que puede ser de uno de sus rituales. No me vengan a contar esa historia, por el amor de Dios, porque además queda fatal; qué pasa, ¿que los masones mataban a personas?
-¿Sienten apoyo de la ciudadanía en la búsqueda de fosas?
-Al juez Garzón y sus iniciativas al respecto lo han apoyado muchas personas en este país. Sí sentimos apoyo, pero también hay miedo, y mucho, sobre todo en los pueblos. Es un miedo que se va transmitiendo de generación en generación. Todavía existe ese miedo a hablar. Sabemos de estudiantes de la Universidad han ido a preguntar a distintas zonas de Icod de los Vinos y la gente se calla. La mayoría no cuenta nada.
-¿Después de tantos años y estando en democracia?
-Sí, todavía existe miedo. Hay quienes han llegado a decirle a compañeros nuestros que "si mi madre habla, le quitan la paga". Ese es el miedo y sigue habiéndolo. Y como no se ha involucrado la Administración como tenía que haberlo hecho, pues pasa esto. La Ley de Memoria Histórica, en cualquier caso, es sólo un primer paso, pero es en sí insuficiente; hay que seguir desarrollándola. Y leer en los periódicos estos días, por parte de todos los grupos municipales, que el Ayuntamiento de Santa Cruz tiene cosas más prioritarias que quitar las placas de las calles, hacen que me eche manos a la cabeza. No porque lo diga Alfonso Soriano, que al fin y al cabo es del PP, sino porque lo diga el portavoz del PSC, y yo soy militante de ese partido. Eso no se puede hacer. No entiendo que el portavoz socialista diga que el monumento no le recuerda a Franco. Pues será a él, que vivía en La Laguna, pero a los que vivíamos en Santa Cruz, sí nos lo recuerda. Y al final no deja de ser un monumento hecho a una persona que propició una Guerra Civil, asesinó a tanta gente y fue un dictador. O sea, que esa estatua no puede estar ahí; claro que hay que quitarla y claro que hay que cambiar el nombre de las calles. Y no me hablen de crisis, eso no me sirve. No es costoso cumplir con la ley. Luego están aquellos que dicen que el monumento tiene carácter artístico; pues bien, que lo lleven a un museo militar. Yo habría acabado con todos los símbolos. En Canarias no hubo Guerra Civil; fue un genocidio puro y duro.
http://www.laopinion.es/sociedad/2010/08/30/todavia-hoy-hay-gente-cree-habla-le-quitar-paga/301547.html
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