Con la llegada de la época en la que los contribuyentes tienen que rendir cuentas con Hacienda, las víctimas del franquismo a través de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) piden la revisión de ciertas obligaciones tributarias.
En concreto, denuncian el "maltrato" que supone para este colectivo el hecho de que las víctimas "de los delitos más graves que existen desde el punto de vista del derecho penal internacional", aclaran, estén "obligadas por el Estado" a pagar con sus impuestos los gastos de mantenimiento de la tumba del dictador Francisco Franco en el Valle de los Caídos.
La entidad que preside Emilio Silva, nieto de un civil asesinado en 1936 por motivos políticos, califica de "trato inhumano" y "degradante" el extremo denunciado, a la vez que considera que situaciones así no deberían permitirse "en una democracia que ha hecho grandes esfuerzos para proteger a algunas víctimas, pero convive con la desprotección y el maltrato de otras".
Conversión de Cuelgamuros
En 2002, la ARMH presentó en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley en el que pedían la conversión del mausoleo en un monumento honorífico para las víctimas de la dictadura. La propuesta incluía una exposición en la nave central que documentase la historia de los presos políticos. "Trabajaron como esclavos para edificar el mausoleo con el que el dictador quería glorificar su persona", apuntan sobre la labor obligada de estos reclusos del franquismo.
"Jáuregui tiene la responsabilidad de dar una solución definitiva al problema"
En diciembre de 2010, el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, anunció la próxima transformación del Valle de los Caídos en un lugar de memoria, una iniciativa esperada por la ARMH y para la que piden "prioridad". "Esperamos una solución para los familiares a los que el ejército franquista robó los restos de un ser querido para trasladarlos al mausoleo", sostienen.
"Sus derechos exigen todos los esfuerzos por parte del Estado para poner fin a su sufrimiento y para reparar tanto daño padecido", reivindican.
La expectativa del colectivo de víctimas que inició hace diez años las primeras exhumaciones científicas es que el Gobierno haga una "interpretación democrática" de Cuelgamuros y promueva los "valores democráticos y de quienes no apoyaron el golpe militar y lucharon por la continuidad de la democracia".
"Jáuregui tiene la responsabilidad de dar una solución definitiva al problema y no poner parches que generen más sufrimiento a las víctimas", concluyen.
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