PATRICIA CAMPELO Madrid 01/09/201
Antonio Robledo Venero ha forjado los recuerdos de su padre, Desiderio Robledo Prieto, a través de la memoria de su madre y de su abuela. Ellas le contaron que el día que su progenitor salió de casa tras ser llamado a filas por el Gobierno de la Segunda República, le dejó en la cuna con un beso y un"hasta la vuelta". Pero Desiderio, de profesión leñador y natural de Potes, nunca regresó y, para mayor dolor de sus familiares, 75 años después "no existe". Se trata de un desaparecido más, como los más de 114.000 que están documentados en el auto judicial de Baltasar Garzón con el que se declaró competente para investigarestos delitos cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. "No sabemos nada de él, apenas algunas pistas que nos ha contado gente que le conoció", lamenta su hijo Antonio.
Uno de los indicios con los que busca desesperadamente el paradero de su padre es el nombre del lugar de partida de Desiderio antes de unirse a su regimiento. "Debió salir hacia el frente desde Beranga, en Hazas de Cesto (Cantabria) en 1936", indica. La pista se pierde por el Valle de la Lora (Burgos) donde Antonio cree que su padre pudo encontrar su destino.
El caso de Desiderio Robledo representa las miles de situaciones similares que continúan dándose por todo el mundo y para las que Naciones Unidas ha querido dedicar el 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
La preocupación de la organización ante el "aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo" propició fijar de manera oficial la efeméride en un día que ya venían recordando las asociaciones y los familiares de desaparecidos.
"Mientras no se investiguen las desapariciones, el Gobierno incumple sus obligaciones de Derecho internacional"
Convención "incumplida"
El 23 de diciembre de 2010 entró en vigor la Convención Internacional de Protección contra las desapariciones forzadas, un tratado internacional suscrito por varios países, entre ellos España, que obliga a los Estados a esclarecer estos delitos. El Gobierno español, en cambio, no "asume su responsabilidad" en este sentido, tal y como denuncian algunos juristas y asociaciones de víctimas del franquismo.
"Se trata de un delito permanente porque el secuestro del cadáver se sigue cometiendo hasta la confesión de los autores o hasta que los restos sean encontrados con evidencias que permitan la identificación", señala Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
Para Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, "mientras no se investiguen las desapariciones, el Gobierno incumple sus obligaciones de Derecho internacional". La adhesión de España a la Convención de Naciones Unidas es, a juicio de Escudero, un ejercicio de "hipocresía política". "De cara al exterior, el Gobierno muestra su voluntad de sumarse a la lucha contra este crimen de lesa humanidad pero, de puertas adentro, sigue sin reconocer que estos crímenes se produjeron en España y que son imprescriptibles", subraya.
"Mis hermanos y yo éramos los hijos de los 'rojillos' y con tanta propaganda llegué a creer que mi padre era malo"
La ARMH, que realizó el pasado martes un acto de homenaje a desaparecidos en Ponferrada, denuncia la "prevaricación generalizada, salvo mínimas excepciones, del poder judicial español que convive con la falta de investigación y reparación a las víctimas de los delitos más graves que se han cometido en España".
La dejación de responsabilidades del Gobierno que denuncian las asociaciones recae directamente sobre los familiares de esas víctimas. Antonio Robledo, que apenas tiene documentación sobre su padre, no puede inscribir el fallecimiento de su progenitor en el Registro Civil y, por ello, no tiene acceso a las subvenciones que dispone la Ley 52/2007 de memoria histórica. Desiderio es un "desaparecido" y debido a la falta de documentos que prueban su participación en la contienda, queda fuera de los avances de la nueva ley del Registro Civil. Esta norma facilita la posibilidad de inscribir a "personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la represión política inmediatamente posterior siempre que, de las pruebas aportadas, pueda inferirse razonablemente su fallecimiento, aunque no sean inmediatas a éste".
Pero el grueso de las pruebas que posee Antonio son sus recuerdos: "Mis hermanos y yo éramos los hijos de los 'rojillos' y había tanta propaganda que llegué a creer que mi padre era malo", rememora, a la vez que confiesa que aquello le volvió algo tímido. Aún así, su familia se esforzó por transmitirle una imagen agradable de su progenitor: "Su memoria es honorable", resalta para después reivindicar con la voz quebrada: "Tengo derecho a saber que fue de él ".
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