29nov 2011
La justicia española pisa los talones a la argentina. Mientras en Buenos Aires prosigue la querella que presentaron las víctimas del franquismo, en España el Supremo ha fijado el juicio oral contra Garzón el próximo 24 de enero. Vícitmas y asociaciones anuncian movilizaciones para los próximos días.
El 14 de abril de 2010 se cumplieron 79 años de la proclamación de la Segunda República y, ese mismo día, un grupo de familiares de víctimas del franquismo presentó una querella en Argentina para que se investigasen los crímenes cometidos contra los defensores de aquel sistema politico.
Unos días antes, el juez Luciano Varela transformó las diligencias abiertas contra el juez Baltasar Garzón –acusado de prevaricación por el sindicato ultraderechista Manos Limpias tras declararse competente en investigar estos delitos- en un procedimiento abreviado y, un mes depués, dictaba juicio oral contra el magistrado.
En mayo de 2010, el Consejo General del Poder Judicial suspendió de forma cautelar a Garzón y frustraba así el primer y único intento de esclarecer los crímenes políticos cometidos durante la dictadura.
Desde que la justicia argentina admitiera a trámite la querella interpuesta por familiares y asociaciones de víctimas, dos procesos judiciales se han ido dando en paralelo: por un lado, en España, para que Garzón comparezca en el Supremo por tratar de investigar los crímenes franquistas y, por otro lado, en Argentina, para retomar esa investigacion, frustrada en España, acuñando el principio de jurisdicción universal para crímenes de lesa humanidad.
Este caso no está exento de aristas paradójicas que, en ocasiones, otorgarían tintes berlanguianos sino fuera por lo grave del asunto. Para que Argentina pueda aplicar este principio de justicia universal, el país donde se cometieron los delitos -considerados de lesa humanidad por organismos internacionales- no puede estar investigándolos. Paradójicamente, cuando la jueza argentina preguntó a la fiscalía española si se estaban esclareciendo estos hechos la respuesta del Gobierno, que llegó ocho meses después, no dejó indiferente a nadie: ya existía una investigación abierta y argumentaban tal extremo en el caso Garzón, precisamente la operación judicial que paralizó las investigacionesen este sentido.
La respuesta enviada por el Gobierno se basaba en un informe con una relación de las causas abiertas derivadas de la investigación que inició el juez de la Audiencia Nacional en 2008, tal y como informó este diario el pasado julio.
Los querellantes de Argentina, junto a Adolfo Pérez Esquivel.-AFP
La indignación de las víctimas les ha llevado a pedir esta semana a la jueza encargada del caso en Argentina, María Servini de Cubría,que se desplace a España para comprobar sobre el terreno de qué investigaciones habla el Gobierno español, y si esas causas contravienen la aplicación del principio de justicia universal. Algunos juzgados territoriales han abierto diligencias tras la apertura de fosas comunes (muchas de ellas citadas en el sumario de Garzón), pero la investigación penal que requiere este tipo de crímenes no se ha realizado.
Los testigos que declararán en el inminente juicio a Garzón del próximo 24 de eneroesperan poder probar con su testimonio el derecho que tienen a que la justicia actúe en la investigación de los desaparecidos, y celebran que el Supremo al fin haya puesto fecha a la vista oral.
Recuerdan que los delitos permanentes, como son las desapariciones forzadas, no prescriben ni pueden ser amnistiados por ninguna ley y que la mayoría de las desapariciones ocurrieron entre julio y octubre de 1936, lo que “indudablemente quiere decir que alguien dio la orden de iniciarlas y alguien dio la orden de detenerlas”, denunciaron ayer fuentes de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. También han anunciado varias acciones de protesta a desarrollar los próximos días.
Mientras las actuaciones judiciales se suceden y la justicia universal no termina de llegar, muchas víctimas, de edad avanzada, ya no podrán ver satisfechas las demandas completas de verdad, justicia y reparación, premisas de obligado cumplimiento en el derecho internacional y que España obvia en el caso de las miles de víctimas de la represión franquista.
http://blogs.publico.es/memoria-publica/2011/11/29/justicia-universal-victimas-universales/
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