Presentarán un recurso contencioso-administrativo contra estas "ilegalidades" tras el derribo de tres muros en el Fuerte
EFE - Miércoles, 9 de Marzo de 2011
Presentación de un informe sobre las obras en el Fuerte San Cristóbal. (Unai Beroiz)
Los colectivos agrupados en torno al proyecto de "El autobús de la memoria" sobre la Guerra Civil y el franquismo, presentarán un recurso contencioso-administrativo contra las "actuaciones ilegales" realizadas por el Ministerio de Defensa en el Fuerte de San Cristóbal para "borrar la historia".
PAMPLONA. Así lo han dado a conocer hoy en conferencia de prensa representantes de estas entidades "comprometidas con la recuperación de la memoria histórica", que entienden que, con el "pretexto de limpieza y desbrozado" del fuerte y sus alrededores para facilitar las visitas guiadas se han derribado "testimonios" de la historia más reciente.
Al respecto, José Ramón Urtasun ha apuntado al derribo de tres muros, que afectan a pasajes y estancias de lo que fue "uno de los penales más terribles durante el levantamiento civil y militar del 36 y sus posteriores años de muerte y represión", que al haber sido declarado hace varios años Bien de Interés Cultural, cualquier reforma que se acometa debe ser en todo caso para mejorar su comprensión histórica.
Sin embargo, entienden que en este caso los muros han sido demolidos "con el fin de borrar la historia", según estos colectivos, entre los que se encuentran la Asociación Pueblo de las Viudas de Sartaguda, Memoriaren Bideak, Psicólogos sin Fronteras, Sanfermines 78 Gogoan, Txinparta o Eguzki Bideoak.
Al respecto, han señalado que los derribos se hicieron entre los años 2008 y 2009 sin que los propietarios del fuerte, el Ministerio de Defensa, solicitara del Ayuntamiento de Berrioplano, al ubicarse en su término municipal, los permisos y licencias correspondientes para ejecutar las reformas.
Por su parte, el Ayuntamiento de Berrioplano, "a sabiendas de lo que sucedía, optó por mirar hacia otro lado", mientras que la Institución Príncipe de Viana, que por parte del Gobierno foral se encarga de velar por el patrimonio, "avaló con su negligencia la tarea compartida de borrar los vestigios de nuestra historia reciente más terrible".
Por ello, y tras haber tramitado sus quejas ante el Ayuntamiento y el Tribunal Administrativo de Navarra, que estima sus argumentos, han decidido interponer el recurso judicial para "sacar a la luz estas actuaciones salvajes arropadas institucionalmente".
Su interés es "denunciar que a 75 años de estos hechos y de la utilización del fuerte sigan empeñados en ocultarnos la realidad de lo que sucedió", por lo que exigen que las actuaciones realizadas en el fuerte sean "declaradas ilegales y contrarias a ley y que los destrozos sean reparados. Que se reconstruya lo derribado y que las estancias vuelvan al estado en que estaban cuando fue declarado de Interés Cultural".
Asimismo, han recordado su aspiración de que el fuerte de San Cristóbal se transforme en un "Museo de la Historia", en un "testimonio de lo que fue aquel terrible levantamiento civil y militar contra la II República y su posterior represión franquista para que no se repita".
Por su parte, Edurne Beaumont ha constatado los apoyos recibidos en esta tarea, procedentes de 82 historiadores que coinciden en considerar "inaceptable" la actuación del Ministerio de Defensa, así como de otras muchas asociaciones y ciudadanos a título particular
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