Los fiscales de toda España recibieron la consigna de investigar las denuncias de adopciones irregulares aunque pudieran considerar que se trata de delitos prescritos
Los fiscales de toda España reunidos la pasada semana en Sevilla recibieron la consigna de investigar las denuncias de adopciones irregulares aunque pudieran considerar que se trata de delitos prescritos. Algunos fiscales consideran que investigar las denuncias forma parte de su trabajo y que aquella advertencia procedente de la Fiscalía General del Estado era innecesaria.
Sin embargo, al observar algunos precedentes recientes, como las denuncias obviadas por jueces y fiscales de toda España de los familiares de los fusilados en la Guerra Civil y el franquismo, se percibe cierto agravio comparativo. "Parece que pesa más el impacto mediático de un caso que la gravedad del delito", lamenta el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva.
La ARMH lleva diez años exigiendo al poder judicial que se encargue de las pruebas genéticas necesarias para identificar los restos exhumados de las fosas comunes cavadas por los franquistas en cunetas y tapias de cementerios. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, puso a disposición de las familias que denuncian las adopciones irregulares el Instituto de Toxicología para hacer pruebas de ADN.
"El Estado tiene que ayudar a estas personas. Por supuesto. Pero también a nosotros, que tenemos que buscar por nuestra cuenta los laboratorios genéticos para ayudar a gente a la que le queda poco tiempo de vida", reclama Silva, que critica el "doble rasero" de Justicia.
El juez Baltasar Garzón se encuentra procesado por prevaricación por abrir una investigación sobre las fosas del franquismo a sabiendas de que era injusta, tal y como señalan lo jueces del Tribunal Supremo.
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