Las madres de bebés sustraídos desean encontrarles por encima de cualquier cosa, pero esos niños, hoy adultos, ya tienen padres: quienes pagaron por ellos
NATALIA JUNQUERA 23/01/2011
Una duda insoportable consume a cientos de personas en España. ¿Mi hijo murió o me lo robaron? ¿Mis padres son mis padres, me adoptaron o me compraron a un médico, un cura o una monja que me arrancó de los brazos de mi verdadera madre? La investigación del historiador Ricard Vinyes, el auto en el que el juez Baltasar Garzón hablaba del robo de más de 30.000 niños durante en franquismo, y los testimonios de mujeres de distintas edades y ciudades repitiendo las mismas frases -"Me dijeron que había muerto y que ya lo habían enterrado. Nunca vi el cadáver"- han destapado una trama de compraventa de bebés en España que arranca en los primeros años de la dictadura y termina en los primeros de la democracia. Que empieza como represalia política a mujeres republicanas amparada por las disparatadas teorías del psiquiatra Vallejo Nájera y termina como mero negocio, auspiciado por una ley que hasta 1987 favorecía las adopciones irregulares, un mercado negro de bebés que arrastra terribles secuelas psicológicas hasta hoy.
¿Tienen más derecho las madres de niños robados a buscarles que los niños robados, hoy adultos, a no querer ser encontrados? ¿Debe intervenir la justicia? ¿Puede considerarse delincuentes a los padres que compraron a sus hijos?
Carla Artés, la primera nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo argentinas, que buscan a los bebés que la dictadura robó a sus hijos, supo quién era siendo una niña. "Yo tenía 10 años y lo asumí. Pero para muchos hijos que han seguido viviendo con los asesinos y torturadores de sus padres descubrir quiénes son con 30 años es muy complejo", explica. Su hermano, que tampoco era hijo biológico de la pareja con la que se criaron, rompió toda relación con ella después de que Carla declarase en un juicio contra su supuesto padre.
En 2009, el Parlamento argentino aprobó una ley que obliga a someterse a pruebas de ADN cuando haya sospechas de robo de niños. Así fue cómo las Abuelas de Plaza de Mayo recuperaron el año pasado al llamado Nieto 102. Se había criado con un oficial de la Fuerza Aérea y no quiso hacerse las pruebas para averiguar si aquel hombre era su padre. Pero por orden de un juez le fueron confiscadas prendas íntimas de las que se extrajeron muestras genéticas que confirmaron que sus padres eran en realidad víctimas de la dictadura.
Santiago González, que acaba de encontrar a su familia biológica y crear una web (www.adoptados.org) para ayudar a otros a hacerlo, opina: "Si ese niño se ha criado en otra familia no se le puede pedir que después de 30 o 40 años sienta un cariño por una madre biológica que no conoce. El menor es completamente inocente. ¿Debe ser ese niño, hoy adulto, el que ha de pagar con sus emociones el robo que sufrió su madre biológica? Creo que si una institución encuentra a un niño robado o adoptado debe hacerle saber que su familia de origen le busca. Si él no quiere contactar, debería bastar con devolver un mensaje de 'encontrado, está sano, es feliz, si en un futuro quiere o se siente capaz, ya sabe cómo avanzar en el contacto".
El abogado Enrique Vila, especializado en la búsqueda de padres biológicos -él mismo busca a su madre- y autor de Historias robadas (Temas de hoy) asegura que el 90% los encuentra. "El 10% restante son los hijos robados. Lo tienen muy difícil porque las instituciones religiosas -las que, en la mayoría de los casos, decidían con quién iba a estarmejor el bebé-niegan toda la información". De cada 100 consultas que recibe en su despacho, 10 son de hijos falsos. "Era una trama muy bien organizada. Había captadores de padres y de niños. Los proveedores de padres adoptivos eran mujeres con contactos sociales. Los proveedores de niños eran médicos, matronas, auxiliares y religiosos que realizaban un supuesto acto de caridad cristiana. La coacción a la que sometían a las mujeres era brutal".
El próximo 27 de enero, Vila y Antonio Barroso, que descubrió hace tres años que sus padres le habían comprado por 200.000 pesetas llevarán al fiscal general del Estado 400 casos de robos de niños. Creen que se trata de un delito de detención ilegal o secuestro, que no prescribe, y que el fiscal debería haber actuado de oficio.
La mayoría de estas familias, sin embargo, no creen que sus padres, los que les compraron, sean delincuentes. Vila ha recibido a muchos en su despacho. "Están asustados. La mayoría no eran conscientes de estar robando un bebé. Pensaban que el dinero que pagaban era una ayuda para la madre biológica, que había entregado a su hijo voluntariamente. Recibían al bebé sin un papel y lo inscribían en el registro como hijo propio, pero pensaban que estaban haciendo una trampa para ahorrarse trámites y papeleo, no cometiendo un delito".
El sociólogo Francisco González de Tena, que ha entrevistado a decenas de madres de hijos robados y redactó para el juez Garzón un informe con sus averiguaciones, asegura: "Desde el punto de vista social y antropológico, el problema es inmenso. Se ha convertido en un tema muy doloroso para mí porque comprendo que nunca se va a poder aclarar todo. Haciendo una proyección conservadora, hay miles de niños robados en España. Desde mayo de 2009, recibo entre dos y tres posibles casos al día".
"Vivimos en una sociedad que no tiene seguridad en la ascendencia biológica, en la que muchas personas no pueden estar seguras de quiénes son", asegura González de Tena. "Eso quiere decir problemas médicos, porque las historias clínicas, al carecer de antecedentes, no son fiables; jurídicos, de herencias, y psicológicos. Los adoptados tienen miedo. Ya tienen padres, no quieren líos, y los que buscan, no buscan una madre, sino un origen, por curiosidad. Pero las madres de niños robados sí buscan a su hijo".
El doctor en psicología Guillermo Fouce, profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, asegura que "los problemas de identidad y la indefensión" que genera el robo de niños "son los traumas más graves a los que puede enfrentarse un ser humano". Los padres de hijos robados embarcados en "años de búsquedas infructuosas", sufren "depresión, trastornos de personalidad, ansiedad...". Para los hijos, el sentimiento contradictorio hacia unos padres que les engañaron y no estar seguros de quiénes son pone en riesgo su estabilidad psíquica". La mejor terapia, añade, "es la ventilación emocional, para lo cual resulta absolutamente necesaria la clarificación de la verdad y el apoyo de las instituciones: desde la judicial hasta la sanitaria".
La vida entera de muchas personas se está desmoronando por una duda imposible de resolver sin la intervención de una autoridad judicial o administrativa que obligue a facilitar información.
¿Tienen más derecho las madres de niños robados a buscarles que los niños robados, hoy adultos, a no querer ser encontrados? ¿Debe intervenir la justicia? ¿Puede considerarse delincuentes a los padres que compraron a sus hijos?
Carla Artés, la primera nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo argentinas, que buscan a los bebés que la dictadura robó a sus hijos, supo quién era siendo una niña. "Yo tenía 10 años y lo asumí. Pero para muchos hijos que han seguido viviendo con los asesinos y torturadores de sus padres descubrir quiénes son con 30 años es muy complejo", explica. Su hermano, que tampoco era hijo biológico de la pareja con la que se criaron, rompió toda relación con ella después de que Carla declarase en un juicio contra su supuesto padre.
En 2009, el Parlamento argentino aprobó una ley que obliga a someterse a pruebas de ADN cuando haya sospechas de robo de niños. Así fue cómo las Abuelas de Plaza de Mayo recuperaron el año pasado al llamado Nieto 102. Se había criado con un oficial de la Fuerza Aérea y no quiso hacerse las pruebas para averiguar si aquel hombre era su padre. Pero por orden de un juez le fueron confiscadas prendas íntimas de las que se extrajeron muestras genéticas que confirmaron que sus padres eran en realidad víctimas de la dictadura.
Santiago González, que acaba de encontrar a su familia biológica y crear una web (www.adoptados.org) para ayudar a otros a hacerlo, opina: "Si ese niño se ha criado en otra familia no se le puede pedir que después de 30 o 40 años sienta un cariño por una madre biológica que no conoce. El menor es completamente inocente. ¿Debe ser ese niño, hoy adulto, el que ha de pagar con sus emociones el robo que sufrió su madre biológica? Creo que si una institución encuentra a un niño robado o adoptado debe hacerle saber que su familia de origen le busca. Si él no quiere contactar, debería bastar con devolver un mensaje de 'encontrado, está sano, es feliz, si en un futuro quiere o se siente capaz, ya sabe cómo avanzar en el contacto".
El abogado Enrique Vila, especializado en la búsqueda de padres biológicos -él mismo busca a su madre- y autor de Historias robadas (Temas de hoy) asegura que el 90% los encuentra. "El 10% restante son los hijos robados. Lo tienen muy difícil porque las instituciones religiosas -las que, en la mayoría de los casos, decidían con quién iba a estarmejor el bebé-niegan toda la información". De cada 100 consultas que recibe en su despacho, 10 son de hijos falsos. "Era una trama muy bien organizada. Había captadores de padres y de niños. Los proveedores de padres adoptivos eran mujeres con contactos sociales. Los proveedores de niños eran médicos, matronas, auxiliares y religiosos que realizaban un supuesto acto de caridad cristiana. La coacción a la que sometían a las mujeres era brutal".
El próximo 27 de enero, Vila y Antonio Barroso, que descubrió hace tres años que sus padres le habían comprado por 200.000 pesetas llevarán al fiscal general del Estado 400 casos de robos de niños. Creen que se trata de un delito de detención ilegal o secuestro, que no prescribe, y que el fiscal debería haber actuado de oficio.
La mayoría de estas familias, sin embargo, no creen que sus padres, los que les compraron, sean delincuentes. Vila ha recibido a muchos en su despacho. "Están asustados. La mayoría no eran conscientes de estar robando un bebé. Pensaban que el dinero que pagaban era una ayuda para la madre biológica, que había entregado a su hijo voluntariamente. Recibían al bebé sin un papel y lo inscribían en el registro como hijo propio, pero pensaban que estaban haciendo una trampa para ahorrarse trámites y papeleo, no cometiendo un delito".
El sociólogo Francisco González de Tena, que ha entrevistado a decenas de madres de hijos robados y redactó para el juez Garzón un informe con sus averiguaciones, asegura: "Desde el punto de vista social y antropológico, el problema es inmenso. Se ha convertido en un tema muy doloroso para mí porque comprendo que nunca se va a poder aclarar todo. Haciendo una proyección conservadora, hay miles de niños robados en España. Desde mayo de 2009, recibo entre dos y tres posibles casos al día".
"Vivimos en una sociedad que no tiene seguridad en la ascendencia biológica, en la que muchas personas no pueden estar seguras de quiénes son", asegura González de Tena. "Eso quiere decir problemas médicos, porque las historias clínicas, al carecer de antecedentes, no son fiables; jurídicos, de herencias, y psicológicos. Los adoptados tienen miedo. Ya tienen padres, no quieren líos, y los que buscan, no buscan una madre, sino un origen, por curiosidad. Pero las madres de niños robados sí buscan a su hijo".
El doctor en psicología Guillermo Fouce, profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, asegura que "los problemas de identidad y la indefensión" que genera el robo de niños "son los traumas más graves a los que puede enfrentarse un ser humano". Los padres de hijos robados embarcados en "años de búsquedas infructuosas", sufren "depresión, trastornos de personalidad, ansiedad...". Para los hijos, el sentimiento contradictorio hacia unos padres que les engañaron y no estar seguros de quiénes son pone en riesgo su estabilidad psíquica". La mejor terapia, añade, "es la ventilación emocional, para lo cual resulta absolutamente necesaria la clarificación de la verdad y el apoyo de las instituciones: desde la judicial hasta la sanitaria".
La vida entera de muchas personas se está desmoronando por una duda imposible de resolver sin la intervención de una autoridad judicial o administrativa que obligue a facilitar información.
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