Se trata de la primera sentencia judicial en España que insta a un ayuntamiento a aplicar la Ley de Memoria Histórica
Este tipo de placas de calles son las que deben ser cambiadas conforme obliga la Ley de Memoria Histórica.
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Las víctimas del franquismo y los colectivos que trabajan por la reparación de su dignidad han ganado una "batalla histórica" en Santa Cruz de Tenerife.
Así lo han calificado los impulsores de la demanda que 'Alternativa Sí se puede' presentó contra el ayuntamiento de la ciudad insular por no aplicar la ley 52/2007 de Memoria Histórica en lo referente a la retirada de simbología de exaltación de la dictadura franquista.
El pasado viernes, el juzgado de lo contencioso administrativo nº 1 de Santa Cruz dictó sentencia contra el gobierno municipal, obligándole a elaborar un listado de símbolos y al retiro de todos ellos, según ha explicado el responsable del texto de la demanda, el abogado Pedro Fernández Arcila, y el historiador Domingo Garí .
"Es la primera sentencia que se dicta en todo el Estado español que obliga a un ayuntamiento a cumplir con la ley de Memoria Histórica", ha reconocido Fernández Arcila en declaraciones a Público.es, en las que ha recordado la necesidad que tenían en Santa Cruz de avanzar un paso más en el reconocimiento del dolor de las víctimas, ya que "en Canarias se tiene muy presente lo sucedido en el pasado puesto que hubo grandes represalias".
La sentencia también obliga a elaborar un catálago de vestigios a retirar
La demanda, que ha sido estimada en su totalidad, recoge las peticiones del partido 'Alternativa Sí se puede', en las que solicitaban que cada símbolo, calle, placa, escudo o monumento que haga exaltación del pasado dictatorial sea retirado conforme obliga el artículo 15 de la ley de Memoria Histórica. Éste establece que las administraciones públicas "tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".
En esa línea también obliga, en el punto tres del mismo artículo, a elaborar un catálogo de vestigios a retirar. El ayuntamiento de Santa Cruz eludió estas responsabilidades políticas, lo que provocó que 'Alternativa Sí se puede' interpusiera la demanda en abril de 2008.
Nombres participativos
Dentro del marco de acciones que llevan a cabo los colectivos de víctimas en las islas Canarias se incluye la petición sobre los símbolos, satisfecha en la sentencia dictada el viernes 11 de septiembre. Aún así, "no es lo único por lo que se trabaja", ha indicado Fernández Arcila. "También reivindicamos la memoria de los artistas e intelectuales republicanos represaliados", añade. Desde esa óptica piden que se les rinda tributo con sus nombres en calles o plazas que aún hoy homenajean a militares franquistas.
El ayuntamiento de Santa Cruz tiene 15 días para recurrir la sentencia
Para garantizar un proceso de cambio democrático en la nueva denominación del callejero franquista, asegura Arcila, "es muy importante que los vecinos puedan proponer los nuevos nombres".
En ese sentido iniste en que no sea el alcalde de la ciudad quien tome esas decisiones ya que, según el abogado y candidato de 'Alternativa Sí se puede' a la alcaldía de Santa Cruz, el jefe del consistorio, Miguel Zerolo (Coalición Canaria), "ya se encargó de cambiar pocos nombres de calles y las propuestas no fueron las más adecuadas" (en referencia a la antigua calle del General Maroto que ahora es la de la Tolerancia, la del Olvido, que es la que antes homenajeaba al General Fanjul o la del Perdón, antigua calle del General Goded).
Aplicación de la sentencia
El escenario que deja la sentencia ofrece la posibilidad a 'Alternativa Sí se puede' de solicitar la ejecución provisional para que en caso de que el ayuntamiento recurra la sentencia pueda comenzar a aplicarse hasta la resolución de ese posible recurso.
"La aplicación de la sentencia tiene que ser inmediata"
"Al no indicar plazo, se desprende que la aplicación de la sentencia tiene que ser inmediata", ha explicado Arcila, por lo que el gobierno municipal debe comenzar "cuanto antes" a elaborar ese catálogo de vestigios para su posterior retiro.
Por su parte, fuentes consistoriales han indicado que "acatan la sentencia", aunque Arcila asegura que el alcalde mostró ayer sus dudas sobre el contenido del auto del juez, ya que "ha alegado haber cambiado ya algunos nombres de calles".
Con independencia de que la decisión judicial sea recurrida, miembros de colectivos de víctimas del franquismo celebran la sentencia, con la que esperan que las administraciones públicas empiecen a asumir las responsabilidades que tienen con los represaliados de la dictadura militar.
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