Las agrupaciones a favor de la memoria histórica y de víctimas del franquismo se mostraron ayer «muy satisfechas» por la decisión de la Justicia argentina de reabrir la investigación por los crímenes de la dictadura y ampliará incluso hasta dos años después de la muerte de Franco. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica fue la más contundente al asegurar que esta medida supone un «tirón de orejas» para las instituciones españolas y «da la medida de la incapacidad» de los tres poderes del Estado para reparar el daño que causaron las violaciones de derechos humanos durante la dictadura.
En un fallo considerado un hito en la historia de la jurisdicción universal para delitos de lesa humanidad, un tribunal de Argentina ordenó el viernes a última hora pedir a España un informe en el que se detalle si existe una investigación judicial en curso sobre los delitos de persecución política en este país entre 1936 y 1977. La nueva sentencia anula la decisión de una jueza argentina que en abril, siguiendo recomendaciones de la Fiscalía, había resuelto archivar la causa iniciada por familiares de las víctimas de Franco con apoyo de organismos humanitarios bonaerenses.
Varias de estas organizaciones decidieron apelar a la Justicia del país sudamericano después de que el juez Garzón, que abrió una investigación similar en España, fuera suspendido temporalmente acusado de prevaricación en este proceso. Argentina, como Chile, estaba en deuda con Garzón porque éste hizo posible reabrir causas por violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras de aquellos países, apoyándose en la jurisdicción universal en casos de genocidio. A diferencia de España, en ambos ya hay centenares de militares y policías procesados o condenados.
Petición a Zapatero
En Buenos Aires, el abogado Carlos Slepoy instó a reabrir las pesquisas tras la suspensión de Garzón. La jueza Maria Servini reclamó su archivo, pero los familiares de las víctimas apelaron y la Cámara Federal, por unanimidad, anuló la decisión de Servini y ordenó enviar un exhorto al Gobierno de Zapatero, a fin de que informe si hay una investigación en España sobre esos delitos.
Para sorpresa de los familiares, el tribunal no se conforma con el período que quería indagar Garzón, hasta 1952, sino que lo extiende hasta dos años después de la muerte de Franco, ocurrida en 1975. Eso permitiría abarcar un mayor número de delitos y de acusados. Ahora la causa debe volver a la magistrada de primera instancia. Slepoy consideró el fallo como de «enorme trascendencia internacional».
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