Familiares de víctimas del franquismo celebran diez años de exhumaciones, con el juez Garzón a punto de sentarse en el banquillo por investigar esos crímenes
NATALIA JUNQUERA - Ponferrada - 24/10/2010
Nada hacía pensar hace 10 años que aquella fosa que Emilio Silva -presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)- abrió en octubre de 2000 para recuperar los restos de su abuelo, fusilado en 1936, y enterrarlos con su abuela, muerta 62 años después con el nombre de su marido en la boca, iba a ser la primera de 231 y la chispa de un movimiento familiar que ha rescatado de las cunetas losrestos de 5.277 víctimas del franquismo. Los protagonistas lo celebraron ayer con unas jornadas en la Universidad de Ponferrada (León), donde todo empezó, y rodeados por las estremecedoras fotografías que habían colgado en las paredes como prueba de su proeza: largas filas de esqueletos yacían al aire 74 años después de muertos para ser enterrados con su nombre y apellidos en un lugar distinto al que habían sido arrojados por sus asesinos.
Pero no están satisfechos y ayer anunciaron que habrá 10 años más si hacen falta para lograr lo que no han conseguido. Todos los intervinientes se acordaron del juez Baltasar Garzón, procesado por el Tribunal Supremo por haber atendido sus demandas. "Es bochornoso que la única persona perseguida en relación a los crímenes más graves que se han cometido nunca en este país sea el juez que intentó abrir el proceso", afirmó su compañero Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional. "Bochornoso", repitió el catedrático de Ciencias Políticas Vicenç Navarro, "impensable en cualquier otro país".
Todos eran muy conscientes de que el proceso a Garzón ha anulado cualquier posibilidad de llevar a los jueces territoriales a las fosas. Para José Antonio Martín Pallín, magistrado del Supremo que se presentó como "hijo de vencedor y de militar golpista", esos jueces podrían estar prevaricando. "La Ley de Enjuiciamiento Criminal les obliga a desplazarse con un forense al lugar donde se han hallado restos humanos con signos de muerte violenta, por ejemplo, un agujero de bala en el cráneo. ¡Pero si lo hacían los jueces franquistas cuando aparecían restos en Ciudad Universitaria!".
Ambos magistrados criticaron que la ley de memoria haya declarado ilegítimos los tribunales franquistas pero no anulado las condenas que expidieron. "Siguen en las bases de datos, como actos de derecho, lo que fueron actos de barbarie. Aquello no eran tribunales, eran piquetes de verdugos", dijo Sáez Valcárcel. "La Sala de lo Militar dice que no se pueden anular los consejos de guerra porque se adecuaban a la legislación vigente. ¿Se imaginan que un juez alemán dijese que la legislación nazi era la vigente?", preguntó Martín Pallín.
El magistrado del Supremo criticó, como casi todos los intervinientes, el proceso de Transición. "Intentaron mezclar agua con aceite, democracia y dictadura". Y recordó que el 24 de febrero de 1981, el día siguiente al golpe de Estado, intentó promover en la fiscalía de Madrid un manifiesto en defensa de la democracia: "Votamos y perdimos 27 a 3".
Fruto de esa Transición, añadió Navarro, "tenemos una democracia empobrecida" en la que se ha tergiversado la historia: "No eran dos bandos. Había buenos y malos. La dictadura fue la más cruel del siglo XX en Europa. Por cada muerto franquista, Franco mató a 10.000 republicanos".
"Nos han acusado de revanchistas y necrófilos, de querer la venganza", recordaban los familiares de las víctimas. "Pero cada fosa abierta es una herida cerrada", zanjó Santiago Macías, vicepresidente de la ARMH. "Todo lo que oigo en las exhumaciones, cuando entregamos los restos identificados de una víctima a su familia", añadió Emilio Silva, "es: Ya me puedo morir tranquilo".
Pero no están satisfechos y ayer anunciaron que habrá 10 años más si hacen falta para lograr lo que no han conseguido. Todos los intervinientes se acordaron del juez Baltasar Garzón, procesado por el Tribunal Supremo por haber atendido sus demandas. "Es bochornoso que la única persona perseguida en relación a los crímenes más graves que se han cometido nunca en este país sea el juez que intentó abrir el proceso", afirmó su compañero Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional. "Bochornoso", repitió el catedrático de Ciencias Políticas Vicenç Navarro, "impensable en cualquier otro país".
Todos eran muy conscientes de que el proceso a Garzón ha anulado cualquier posibilidad de llevar a los jueces territoriales a las fosas. Para José Antonio Martín Pallín, magistrado del Supremo que se presentó como "hijo de vencedor y de militar golpista", esos jueces podrían estar prevaricando. "La Ley de Enjuiciamiento Criminal les obliga a desplazarse con un forense al lugar donde se han hallado restos humanos con signos de muerte violenta, por ejemplo, un agujero de bala en el cráneo. ¡Pero si lo hacían los jueces franquistas cuando aparecían restos en Ciudad Universitaria!".
Ambos magistrados criticaron que la ley de memoria haya declarado ilegítimos los tribunales franquistas pero no anulado las condenas que expidieron. "Siguen en las bases de datos, como actos de derecho, lo que fueron actos de barbarie. Aquello no eran tribunales, eran piquetes de verdugos", dijo Sáez Valcárcel. "La Sala de lo Militar dice que no se pueden anular los consejos de guerra porque se adecuaban a la legislación vigente. ¿Se imaginan que un juez alemán dijese que la legislación nazi era la vigente?", preguntó Martín Pallín.
El magistrado del Supremo criticó, como casi todos los intervinientes, el proceso de Transición. "Intentaron mezclar agua con aceite, democracia y dictadura". Y recordó que el 24 de febrero de 1981, el día siguiente al golpe de Estado, intentó promover en la fiscalía de Madrid un manifiesto en defensa de la democracia: "Votamos y perdimos 27 a 3".
Fruto de esa Transición, añadió Navarro, "tenemos una democracia empobrecida" en la que se ha tergiversado la historia: "No eran dos bandos. Había buenos y malos. La dictadura fue la más cruel del siglo XX en Europa. Por cada muerto franquista, Franco mató a 10.000 republicanos".
"Nos han acusado de revanchistas y necrófilos, de querer la venganza", recordaban los familiares de las víctimas. "Pero cada fosa abierta es una herida cerrada", zanjó Santiago Macías, vicepresidente de la ARMH. "Todo lo que oigo en las exhumaciones, cuando entregamos los restos identificados de una víctima a su familia", añadió Emilio Silva, "es: Ya me puedo morir tranquilo".
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